Crispín Hernández no quiere hablar sobre su vida personal. Nació en México. Tiene 23 años. Dice que todos le preguntan sobre su comida favorita, pero no quiere hablar sobre eso tampoco, porque no la puede encontrar en Nueva York.
En vez de eso, él quiere hablar sobre el caso legal que es potencialmente pionero y que ha dominado su vida por los últimos dos años. Hernández está luchando contra el New York Farm Bureau (El Departamento de Granjas de Nueva York), que representa intereses agrícolas, para lograr que los trabajadores agrícolas tengan el derecho de organizarse y negociar colectivamente sin represalia. Un juez en la Corte Suprema del Estado, Richard J. McNally, Jr. despidió el caso en la Corte Suprema de Albany en enero, pero el New York Civil Liberties Union (Unión de Libertades Civiles en Nueva York o NYCLU), la cual representa a Hernández, ha apelado la decisión.
Hernández y sus abogados buscan un fallo que el 1937 State Employment Relations Act (El Acto Estatal de 1937 de Relaciones de Empleos) viola la constitución del estado de Nueva York en excluir a los trabajadores agrícolas de las protecciones que otorga a otros trabajadores. Un fallo a favor les daría a los 60.000 trabajadores agrícolas en Nueva York, la mayoría de ellos inmigrantes, el derecho de negociar colectivamente sin miedo de ningún castigo.
Hernández se encontró en el primer plano de este asunto tras ser despedido de Marks Farm en Lewis County por quejarse de las condiciones e intentar organizar a los empleados. Él dice que escogió encabezar el movimiento porque quiere mejorar las condiciones para sus compañeros agrícolas a lo largo del estado.
“No es porque quiero ser famoso”, dijo Hernández, saludando a un coche que le toca la bocina mientras camina por la calle en Syracuse.
Hernández está luchando por el motor de una industria colosal. Siete millones de acres de tierra son usados para producción agrícola en Nueva York. El estado es el productor más grande del yogur, la crema agria y el requesón en toda la nación; y el segundo más grande productor de las manzanas, el jarabe de arce, los repollos y los guisantes dulces. Según el más reciente censo agrícola en el 2012, la industria produjo más de $5 mil millones en ventas.
En una industria tan inmensa, la vida puede ser brutal por sus trabajadores, los cuales tienen una tasa de mortalidad en el trabajo 20 veces más alta que el trabajador promedio en el estado de Nueva York. El pago por sobretiempo no está garantizado. Trabajadores agrícolas que testificaron durante el caso de Hernández hablaron de vivir en casas móviles sin calefacción en los inviernos fríos del norte del estado. Muchos trabajadores dijeron que no tienen acceso regular a transporte – choferes vienen a las granjas para transportarlos a pueblos cercanos para hacer las compras, siempre cobrando una tarifa.
Puede ser difícil, dijeron los trabajadores, protestar contra las condiciones. Según el Survey of Hispanic Dairy Workers in New York State 2016 (Sondeo de Trabajadores de Lecheras Hispanos en el Estado de Nueva York 2016) por Cornell University, 56 por ciento de trabajadores no hablan bien el inglés. Solamente la mitad han completado entre nueve y doce años de educación formal. Datos de un sondeo realizado por el U.S. Department of Agriculture (Departamento Agrícola de los Estados Unidos) muestra que más o menos la mitad de todos los trabajadores agrícolas empleados en los Estados Unidos no tienen documentos, un estado que los hace vulnerables a las amenazas y la intimidación por parte de sus supervisores.
En otras industrias, los trabajadores pueden organizar un sindicato. En la labor agrícola, es más difícil. Sin embargo, el Departamento de Granjas argumentó que si los trabajadores agrícolas tuviesen derecho de negociaciones colectivas, causaría desafíos adicionales para los negocios agrícolas en Nueva York, una industria que ha sufrido caídas económicas en años recientes.
Según el National Agricultural Stastics Service (Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas), los ingresos agrícolas cayeron mil millones de dólares en el 2015. Y los próximos años no fueron mejores. La disminución es debida a varios factores, dice el Departamento de Granjas, incluyendo un aumento en el salario mínimo del estado, aumentos en los impuestos, y precios más altos para alimentos para animales, combustible y otras provisiones. Los trabajadores organizados crearían reglas y regulaciones que complicarían el negocio, según el Departamento de Granjas.
“Cualquier tipo de acuerdos laborales limitantes podrían dificultar el funcionamiento de las granjas dado que la incertidumbre es una gran parte de la agricultura”, dice Steve Ammerman, portavoz del Departamento de Granjas, que presiona al gobierno estatal a favor de los intereses agrícolas. “Sea el clima, sean los precios de los artículos, sean las infestaciones de las pestes, sea un tractor que se daña. Hay tanto que ocurre en una granja que esto puede hacerlo todo más difícil”.
Ammerman dice que los granjeros no deberían ser convertidos en los villanos.
“A tanta de la oposición… les gusta pintar a los granjeros como gente a quienes no les importan sus trabajadores”, dice Ammerman. “Oír eso es tan perturbador para nuestros granjeros… Las historias que he escuchado de granjeros que toman medidas excepcionales para ayudar a sus trabajadores – esa historia no se cuenta”.
Hay asuntos relacionados al trabajo agrícola sobre los cuales el Departamento de Granjas y las organizaciones de derechos laborales están de acuerdo, dice Ammerman – en particular, la reforma inmigratoria, el tráfico de humanos y el tener un día de descanso.
El estado de New York brinda ciertas protecciones a los trabajadores agrícolas que no son garantizadas en otros estados: si una granja tiene más de 10 empleados, tiene que otorgar seguro de desempleo, y hay compensación para trabajadores, así como cobertura de discapacidades para lesiones que ocurren fuera del trabajo.
“Nuestros granjeros son apasionados por sus empleados,” dice Ammerman. “¿Por qué un granjero saldría de su camino para maltratar a las personas de las que tanto dependen para hacer un trabajo tan importante?”
Sin embargo, a veces ocurre, y Hernández dice que fue víctima de este maltrato.
Durante sábado de febrero, Hernández cruzó el estacionamiento de un centro comercial en Syracuse en cuya construcción había participado como carpintero, instalando los suelos de unos de los edificios. Era brutalmente frío – nada como México, Hernández dice – y dunas de nieve bordeaban los lados de la calle. Llevaba un abrigo negro, la capucha forrada de piel.
Era el primer día de Winterfest en Syracuse, y el centro de la ciudad había sido convertido en una pista de hielo. Un pequeño grupo de patinadores esperaban a que el pulidor de hielo terminase su rotación. En las noticias locales esa noche, los presentadores expresaron preocupaciones dentro de la comunidad que la asistencia a Winterfest había caído en los últimos años.
Hernández empezó a trabajar en Marks Farm en 2012, de adolescente. Pero antes de salir de México y venir a los Estados Unidos, un evento presagió sus experiencias venideras. Genaro, un hombre de un pueblo cercano, murió en un accidente laboral y sus restos fueron enviado a México. Hernández no conocía a Genaro, pero cuando su familia escuchó de la muerte, comenzaron a temer por la seguridad de Hernández.
“No sabía nada sobre trabajar en la agricultura, con vacas en este país”, dice Hernández. “No es porque me gustase el trabajo. Es porque tenía una gran responsabilidad de ayudar a mi familia económicamente. Y todavía les estoy ayudando”.
Vino a pesar de sus miedos. De México, viajó a Lowville, New York, una pequeña comunidad de granjas a lo largo del Black River en la región fértil de North Country. Llegó a Marks Farm en abril.
Marks Farm es una granja familiar, pero sin embargo es una operación grande con aproximadamente 9.000 vacas y 60 trabajadores. Su sitio web dice que “la comodidad total de las vacas es enfatizada”.
Hernández trabajaba 12 horas al día, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. A veces el trabajo era más importante que almorzar o beber agua. Pero era habilidoso en el trabajo y lo sabían los supervisores, quienes le daban el trabajo más complejo que requería mayor responsabilidad en las operaciones diarias.
“Hay muchas vacas”, dice Hernández. “Hay mucha presión en el trabajo y es muy intenso… Si no atiendo a las vacas, las vacas se mueren”.
Desde el comienzo, recibió muy poco entrenamiento para trabajar con vacas. En el otoño de 2012, una vaca le pisó la mano, quebrándole los dedos. Hernández dice que le dijo a la dueña, esperando que ella lo llevase al hospital. No lo hizo, ni le dijo cómo llegar por su cuenta. Durante los próximos meses, Hernández sentía un dolor insoportable cuando pasaba la mano bajo agua caliente.
“Cuando esto pasó, no sabía nada de mis derechos como trabajador”, dice Hernández.
Durante esta época, las viviendas de los trabajadores eran malas. Vivían apretados en casas llenas de insectos y con las ventanas rotas. Las cosas mejoraron en 2013, cuando otros trabajadores protestaron contra las condiciones.
Las viviendas no eran lo único que no estaba bien, dice Hernández.
Los guantes y las botas que la granja les proporcionaba a los trabajadores eran insuficientes para protegerlos de las químicos con los que trabajaban. Si querían mejores guantes o botas, tenían que comprárselos a la granja con sus salarios, dice Hernández. Durante los años que él trabajó allá, el iodo amarilleó sus uñas, a pesar de que utilizaba tres pares de guantes.
En 2014, hastiado por su tratamiento en Marks Farm, Hernández se hizo miembro del Centro de Trabajadores del Centro de Nueva York, una organización sin ánimo de lucro que les provee a los trabajadores agrícolas información sobre sus derechos y beneficios y hace servicio comunitario. Hernández empezó a asistir a las reuniones mensuales en Syracuse, que le quedaba a una hora y media, mientras no tuviese turno en la granja.
El catalizador llegó en marzo del 2015, cuando un colega de Hernández, Francisco, fue supuestamente “pateado en la cabeza y golpeado por Michael Tabolt, un supervisor en Marks Farm”, según el Watertown Daily Times, un periódico en North Country.
El primero de mayo del 2015, el Comité de Trabajadores Agrícolas del Primero de Mayo, el Centro de Trabajadores y el Centro de Justicia para Trabajadores de Nueva York se manifestaron en la granja en contra de su maltrato – un “evento histórico,” dice Hernández. Pero Hernández no fue. Temía retribución y dice que sabía que participar implicaba ser despedido de la granja.
Ese verano, la situación de Hernández empeoró. Dice que cuando sus supervisores empezaron a sospechar que estaba involucrado con el Centro de Trabajadores, fue degradado a ser un relevo, un trabajador de socorro asignado a trabajos ocasionales en la granja. Sabía que los supervisores sospechaban que había tenido mano en la organización de la manifestación y se reunía con el Centro de Trabajadores.
“Es importante saber que esas fueron tácticas de intimidación”, dice Hernández.
Según los documentos legales, en una noche a fines de agosto del 2015, Hernández le pidió a Rebecca Fuentes del Centro de Trabajadores que se reuniese con él y algunos otros trabajadores agrícolas. Discutieron los guantes inadecuados y la necesidad de organizar clases de inglés para los trabajadores. Llenaron los papeles para hacerse miembros del Centro de Trabajadores. Se tomaron fotos de identificación. A la mitad de la reunión, Christopher Peck, el hijo de los propietarios y un supervisor en la granja, golpeó la puerta y le anunció a Fuentes que llamaría a la policía si ella no se iba. Ella se quedó.
Cuarenta minutos después, Peck regresó con dos oficiales de la ley. La policía le preguntó a Fuentes por qué estaba en la casa remolque, si había visitado otros hogares, si había visitado la propiedad antes y si los trabajadores la habían invitado. Fuentes les dijo que los trabajadores tenían el derecho a recibir invitados. Uno de los oficiales le preguntó a los trabajadores si querían que Fuentes estuviese allí. Todos respondieron que sí.
Peck quería que ella fuese detenida, pero Fuentes le dijo a la policía que no tenían la autoridad. Terminaron yéndose, con un oficial diciéndole a Fuentes que investigaría la ley en su caso. Todos se quedaron sorprendidos, pero continuaron con la reunión. Al fin, planearon el regreso de Fuentes para el último día del mes.
La próxima semana, Fuentes habló por teléfono con Saúl Pinto, un colega de Hernández, quien le sugirió que fuesen a otras casas móviles durante la reunión de la próxima después para contarles sobre el Centro de Trabajadores. Los otros trabajadores no estaban respondieron a las llamadas de Fuentes.
El 31 de agosto, Fuentes regresó, junto a otro miembro y voluntario del Centro de Trabajadores como apoyo, y con Carly Fox, una defensora de los derechos del trabajador con el Centro de Justicia. Los otros trabajadores no fueron a la reunión, pero el grupo, con Hernández y Pinto, fueron a las otras casas móviles como habían discutido.
Mientras los trabajadores tocaban los timbres, Peck los pasó a su lado en su motocicleta ATV, con su pastor alemán en el asiento del pasajero. Hernández dice que Peck actuó amistosamente, saludándoles con un “hey guys” antes de irse.
El día siguiente, Hernández y Pinto fueron despedidos con cuatros días de aviso para salir. Les dijeron que sus pagos finales se rentedrían hasta que firmasen un documento, escrito en inglés, afirmando que habían sido despedidos como parte de una reducción de personal en la granja. Marks Farm había contratado recientemente a varios trabajadores nuevos. Hernández dice que él y Pinto sabían que no había ninguna reducción de personal. Marks Farm no respondió a múltiples solicitudes para comentar.
Durante los cuatros días que le dieron para mudarse, Hernández dice que se quedó en su casa móvil, su corazón latiendo incontrolablemente. Su familia en México – sus abuelitos, padres y hermanos – dependían de sus ingresos. Ahora estaba sin trabajo y no tenía adónde ir. Al cuarto día, representantes del Centro de Trabajadores y el Centro de Justicia ayudaron a Hernández y a Pinto a mudarse a viviendas que el Centro de Trabajadores había establecido.
Desde entonces, Pinto ha sido deportado. Hernández ahora trabaja para el Centro de Trabajadores como activista, enseñándoles a los trabajadores sus derechos laborales y presionando a los políticos para que mejor comprendan la situación de los trabajadores agrícolas. En los años desde que se fue, sus hermanos tuvieron hijos que nunca ha conocido. Son demasiado jóvenes para saber quién es.
El despido de Hernández les abrió la puerta a las organizaciones de derechos de los trabajadores agrícolas en Nueva York para poder desafiar las leyes anticuadas que dificultan la negociación colectiva. En el 2016, el Centro de Trabajadores, el Centro de Justicia y la NYCLU demandaron al estado de Nueva York, argumentando que la ley estatal es inconstitucional.
Fue la primera demanda exigiendo que los trabajadores agrícolas recibiesen el mismo tratamiento que los demás, pero no fue la primera vez que el tema llegó a la atención de los legisladores estatales.
Los trabajadores agrícolas eran “relativamente sin defensas ni poder,” dijo un grupo especial comisionado hace 27 años por el Gobernador Mario Cuomo para examinar las condiciones de trabajadores agrícolas en Nueva York. Él afirmó que el gobierno debía “comenzar el proceso lento y difícil para remediar estas desigualdades”.
Pero los años pasaron y nada pasó.
En el año 2000, organizaciones de derechos laborales redactaron una legislación llamada Farmworker Fair Labor Practices Act (Acto de Prácticas Laborales Justas para los Trabajadores Agrícolas) que garantiza, entre otras cosas, la habilidad de negociar colectivamente sin castigo. Fue otro fracaso; la legislación ha estado frenada en el Senado por 15 años.
Desanimados por un intento fallido tras otro, las organizaciones de derechos civiles en el estado captaron el caso de Hernández como una oportunidad para lograr la igualdad de los trabajadores agrícolas. La NYCLU tomó el caso de Hernández.
“Este es un problema que la NYCLU conoce desde hace bastante tiempo”, dice Erin Beth Harrist, abogada sénior de la NYCLU y principal abogada en el caso. “Estaba llegando al nivel que tenía que ser llevado a corte”.
Cuando se presentó el litigio contra el estado de Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo y el ex Fiscal General del Estado Eric Schneiderman coincidieron con Crispín Hernández y la NYCLU, diciendo que el estado no se defendería de la demanda.
“Desafía la lógica que el derecho a organizarse sin represalias se otorgue virtualmente a cada trabajador en el estado de Nueva York, pero que se excluyan a los trabajadores agrícolas en una aparentemente clara violación de nuestros principios constitucionales”, dijo Cuomo en un comunicado. “Nueva York luchará contra esta injusticia y continuará garantizando los derechos y la protección equitativa a todos los trabajadores”.
Sin embargo, Harrist dice que, con este tema, Cuomo habla mucho pero hace poco.
“Diríamos que si [Cuomo] ha dicho que no es constitucional, debería estar haciendo más para asegurarse de que la legislatura actúe, y no estoy viendo eso”, dice Harrist.
La oficina del fiscal general de Nueva York no respondió a una solicitud para comentar.
Cuando el estado decidió no argumentar en contra del caso, el Departamento de Granjas intervino con sus ingresos anuales de más de $4 millones y su propio grupo de presión para el apoyo de causas políticas. En octubre de 2016, la Corte Suprema del estado dictaminó que el Departamento de Granjas podía intervenir como acusado en el caso, retomándolo desde donde lo dejó el estado. Los abogados de la NYCLU que representan a Hernández no se opusieron.
“Esto tiene que ser una batalla que finalmente cierre este tema”, dijo Harrist.
La audiencia se fijó para el 20 de julio de 2017.
La NYCLU argumentó que la ley estatal de empleos viola el Artículo 1, Sección 17 de la constitución estatal, que le garantiza a los trabajadores el “derecho de organizarse y negociar colectivamente.” La ley original, el New York State Employment Relations Act (el Acta del Estado de Nueva York sobre Relaciones Laborales, o SERA), era racista, argumentó la NYCLU.
SERA fue adoptada en 1937, modelada tras el 1935 National Labor Relations Act (el Acta Nacional de Relaciones Laborales de 1935 o el Acto Wagner), que formaba parte de la legislación federal del New Deal. La NYCLU mantuvo que las das actas son racistas, ya que los Demócratas del sur del país las impulsaron en el Congreso y perpetuaban la discriminación contra el sector laboral agrícola, que en su mayoría no era blanco.
La Columbia Law School Human Rights Clinic (la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia) y la Pacific Legal Foundation (Fundación Legal del Pacífico) apoyaron a esta caracterización, presentando informes amicus curiae a favor de Hernández y la NYCLU.
“Muchos neoyorquinos no se dan cuenta que la comida que comen y el lucro de las granjas están construidos sobre las espaldas de los trabajadores agrícolas, quienes son inmigrantes Mexicanos y de centroamérica que son vulnerables a la explotación”, dijo Carly Fox, defensora de derechos en el Centro de Justicia, en su declaración jurada.
La industria no se presta a la sindicalización y a las regulaciones rígidas, respondió el Departamento de Granjas. La agricultura, una industria afectada por el cambio de las estaciones y por el clima, es irregular. La negociación colectiva no tomaría en cuenta “los desafíos únicos de la agricultura, incluyendo la dependencia natural sobre las estaciones y la perecibilidad de los cultivos”, dijo el Departamento de Granjas en su propuesta para terminar el caso de Hernández.
Finalmente, McNally de la Corte Suprema de Albany despidió el caso el 3 de enero, diciendo que cambios a las leyes estatal lidiando con el empleo tienen que ser efectuados por la legislatura y no las cortes. McNally también escribió en su decisión que la NYCLU fracasó en demostrar que las leyes laborales son racistas.
“¿Oíste la mala noticia?” preguntó Hernández.
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Hernández estaba decepcionado, pero él y la NYCLU están preparados para seguir luchando contra el Departamento de Granjas en las cortes. La NYCLU introdujo un aviso de apelación en febrero y presentó un resumen de apelación en junio. El estado de Nueva York y el Departamento de Granjas presentarán sus informes este verano. Luego se establecerá una fecha para argumentos orales en el Tercer Departamento en Albany, la división de apelación de la Corte Suprema del Estado.
“Vamos a continuar luchando por la victoria”, dijo Hernández en un comunicado. “Con la ayuda de Dios y todos nuestros partidarios, vamos a cambiar las condiciones con las que lidiamos como trabajadores agrícolas y vamos a seguir luchando para ser tratados como seres humanos.”
En persona, Hernández es menos optimista. Él sabe que el caso puede ir en cualquier dirección. Su propio futuro tampoco está claro: ¿Cuál es el próximo paso después de comenzar como granjero lechero y terminar como activista laboral?
“No conozco mi destino,” dice Hernández.
